Comercium et Tributum, Volumen II - julio 2009

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UNA ALTERNATIVA NO JUDICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN VENEZUELA

*MSc. Nathalí Pérez Bracamonte, **MSc. Lucy Amado
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín - Venezuela.

Recibido: 13 de Enero de 2009, Aceptado: 13 de Febrero de 2009

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la posibilidad de que los árbitros comerciales venezolanos ejecuten los laudos, incluso aplicando la coercibilidad, en caso de que el obligado se niegue a dar cumplimiento a la decisión. Para el análisis realizado, se utilizó, como técnica de interpretación de los textos, la hermenéutica jurídica y una interpretación jurídica del espíritu de las instituciones legales, a través del método analítico y el proceso de síntesis, lo cual permitió concluir que el Estado venezolano no tiene un monopolio exclusivo del poder, pues ha conferido a los árbitros un poder jurisdiccional transitorio. En el arbitraje comercial, las partes someten la solución de la controversia al árbitro, quien debe sustentar su actuación en principios morales, conocimientos especializados y confidencialidad, lo cual garantiza el éxito del procedimiento. Se determinó, finalmente, que las funciones del árbitro culminan cuando el laudo queda firme, por cuanto carece de los poderes de coerción y ejecución. En tal sentido, la Ley de Arbitraje Comercial y el Código de Procedimiento Civil, establecen el auxilio judicial, ejercido por los tribunales ordinarios, para dar cumplimiento al laudo. Finalmente, se recomienda, que en futuras reformas a la Ley, se considere el otorgamiento de los poderes (en forma transitoria) de coerción y ejecución, a los árbitros.

Palabras Clave: Arbitraje comercial, Tribunales arbitrales, Ejecución del laudo, Auxilio judicial, Cumplimiento del laudo arbitral.

ABSTRACT

Venezuela until end of the decade of ´80 was well-known in the world like a fiscal paradise; therefore she was attractive for those investors who wished to multiply their gains in exchange for very few taxes. However, from 1993 situations in the economy of the country like low prices of the petroleum barrel began to glimpse, income insufficient public, who entailed their agent chief executives within the framework to make changes in tributary the economic scope leaning. Of way so that now all the citizens were in the obligation to collaborate with the obligations owned to government of the State, falling the greater responsibility to the legal people. Then, in the course of the time the continuous Government making reforms in order to perfect the tributary obligation, extending the tax basis and increasing the sanctions, creating the privative pain of freedom for which they commit crimes pays inclusively and extending the principle of solidarity to the Advisers and Advisers in this matter. In such sense, considering the high fiscal pressure that at the moment exists in Venezuela, the present work looks for to study the general aspects of the tributary planning in this country, such as concept, Tributary characteristics, Policies and Goals, as well as their Importance. Concluding that the Tributary Planning is an administrative tool that it has like intention to determine the cancellation of the right amount that corresponds to him to the contributor by concept of tributes, the same one also helped to consolidate managemental processes, such as the creative planning instead of the routinist, the tributary valuation of the reputation in he himself level of the financial capital and contributions instead of the evasion, being these last fundamental ones for the improvement of the quality of life of the population.

Words key: Commercial arbitration, Courts of arbitration, Transitory jurisdictional power, Judicial aid, Execution of the award by arbitration.

*Nathalí Pérez Bracamonte. Abogada (Universidad del Zulia, 1999). Diplomada en Medios Alternos de Resolución de Conflictos (Universidad Rafael Belloso Chacín, 2005). Magíster en Derecho Mercantil (Universidad Rafael Belloso Chacín, 2008), donde desarrolló su tesis “La coercibilidad de los Tribunales Arbitrales para el cumplimiento del laudo arbitral en Venezuela”. Abogada en el libre ejercicio. Correo electrónico: nathali_perezb@hotmail.com

**Lucy Amado. Abogada. (Universidad del Zulia).Magíster en Derecho Mercantil (Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín).Profesora de las Cátedras de Derecho Romano y Electiva II Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Tutora y Asesora Académica de Tesis de Pre Grado y Post Grado. Jurado de defensas de tesis de Post Grado. Autora del Libro Resolución de Conflictos. Editorial Minerva. Libros El NACIONAL. Asesora de Contenido del Diplomado de Negociación y Gestión de Conflictos. Facilitadora y Consultora tanto en Empresas Públicas y 49 Volumen II Edición No. 1 – Año 2009 Privadas en el área de Negociación y Gestión de Conflictos. Practtioner en Programación Neurolingüística. Coach Certificada (Instituto Internacional de Programación Neurolingüística). Correo electrónico: lucyamado@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Tal como afirma Rengel (1999, p. 35) “no existe en nuestro derecho disposición legal alguna, ni constitucional, ni legal, que impida al Estado crear tribunales arbitrales y delegar, conceder u otorgar a los árbitros, en el proceso arbitral, la potestad jurisdiccional”. Es decir, que en el ejercicio de la competencia, los tribunales arbitrales ejecutan un poderío que emana de la propia ley.

En este sentido, la competencia de los tribunales arbitrales, permite a los árbitros, nombrados por voluntad de las partes, conocer y decidir sobre la situación controvertida. Además, conocen, o sólo tienen competencia en aquellos conflictos que no se correspondan con el estado de las personas, el orden público, ni versen sobre los asuntos en los cuales no se permita la transacción.

El árbitro, dentro del procedimiento de arbitraje comercial, está revestido de una autoridad, no sólo dada por la propia ley, sino implícitamente, en virtud de esa confianza que las partes depositan en él, al escogerlo para que resuelva la controversia; tomando en cuenta que, como plantea Arce (2007, p. 1) “el usuario del servicio escogerá a la persona cuya experiencia ostente conocimientos jurídicos para el caso concreto y aun más importante moral”. Se tiene pues que, los requisitos para seleccionar a una persona como árbitro están sustentados sobre la base de la moral, la buena reputación, los conocimientos especializados que pueda poseer sobre una materia determinada, la experiencia y la competencia.

Estos aspectos juegan un papel protagónico en el buen desarrollo del procedimiento arbitral, ya que cada uno de los elementos mencionados ofrece a las partes la seguridad jurídica de que la solución de la controversia que se resumirá en el laudo, dictado a tal efecto, será justa y apegada a las reglas, leyes o a la equidad, según sea el caso.

En efecto, el árbitro debe crear una atmósfera que le permita ganarse, dentro del proceso, la confianza de las partes, y esto se logra a través de una buena reputación personal en la comunidad comercial de la que forma parte, respaldada por su estilo de vida, forma de desempeñarse y actuar, lo cual sienta bases sólidas para el desarrollo de sus funciones de árbitro, en un modo imparcial y con honorabilidad. La esencia del arbitraje es la emisión, por parte del tribunal arbitral, de una decisión, con la cual termina el procedimiento.

Esa decisión final es el laudo, el cual debe ser vinculante para las partes. En tal sentido, siguiendo a Mogollón (2004, p. 26) “cuando las partes acuerdan celebrar un convenio arbitral, éstas pactan que al emitirse un laudo, sólo dos conductas son plausibles: ejecutar el laudo o incumplir el mismo”.

Ahora bien, a fin de que el laudo no sea anulado por la jurisdicción ordinaria, la decisión del tribunal arbitral, debe contener los hechos y la normativa legal que fue considerada para llegar al pronunciamiento.

El árbitro posee una investidura jurisdiccional que puede llamarse transitoria, pues la recibe una vez que es nombrado y juramentado como árbitro, y cesa cuando finaliza su función arbitral.

Por esta misma función. jurisdiccional, los árbitros deben observar y cumplir las normas del debido proceso, y por supuesto, mantener a las partes en igualdad de condiciones y situación. Dicha función jurisdiccional, desarrollada por los tribunales arbitrales venezolanos, es auxiliada según la ley, a través de la intervención que realiza la jurisdicción ordinaria, quien asume, con poder absoluto, los actos, para los cuales el árbitro carece de imperio.

Aspectos metodológicos y teóricos

Para el análisis realizado, se utilizó como técnica de interpretación de los textos, la hermenéutica jurídica, la cual tiene como propósito “descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte” (Martínez, 2002, p. 119).

De esta manera, la técnica utilizada, facilitó la comprensión del verdadero significado y del espíritu y propósito de las leyes, en cuanto a cómo deben interpretarse. De igual manera, en esta investigación se efectuó una interpretación jurídica del espíritu de las instituciones legales, a través del método analítico y el proceso de síntesis, lo cual permitió recabar, evaluar, estudiar, analizar y simplificar la información obtenida sobre el alcance de la aplicación de las normas jurídicas y la intención del legislador, en relación con la ejecución forzosa del laudo arbitral por parte de los árbitros.

Potestad jurisdiccional del árbitro y fuerza ejecutiva de su decisión Los poderes de los cuales goza el tribunal arbitral (el árbitro), nacen de la propia voluntad de las partes, ya que el fundamento del procedimiento arbitral es el acuerdo de voluntades.

Además, la Ley de Arbitraje Comercial (1998), establece las potestades que le son conferidas y, por supuesto, cuando el arbitraje es institucional, de los reglamentos internos, surgen normas que orientan la actuación del árbitro en su rol, para la solución de la controversia.

Esas potestades siempre están basadas en los derechos constitucionales, para garantizar a los ciudadanos un debido proceso, pues existe un sistema de garantías, entre las que aparece el derecho a la defensa. En este sentido, el proceso finalizará con la emisión de un laudo, capaz de ser ejecutado, el cual posee fuerza de cosa juzgada, con el fin de que el mismo sea inmutable y pueda perpetuarse el resultado, a fin de que en el futuro no se plantee, sobre el mismo asunto ya resuelto, un nuevo proceso. Cabe mencionar además, que el laudo tiene los mismos efectos que una sentencia, la cual determina la extensión y los límites de la cosa juzgada.

En esta perspectiva, es interesante puntualizar que según Rengel (1995, p. 466): Jurisdicción, sentencia y cosa juzgada, son pues, tres nociones que agotan en cierto sentido todo el fenómeno jurisdiccional, que se manifiesta así, a través del proceso, como una unidad en la diversidad de estas nociones, porque la jurisdicción tiende a la sentencia y ésta a la cosa juzgada.

En este sentido, el laudo es al proceso arbitral, lo que la sentencia al proceso ordinario. De manera que, el laudo dictado por el árbitro, tiene un sustento legal que se apega a la justicia, y por consiguiente, a la voluntad de la ley, teniendo un efecto directo, que se ve plasmado en la obligatoriedad para su cumplimiento.

Así, es importante establecer que la decisión que tome el tribunal arbitral (compuesto por uno o varios árbitros), tiene carácter de cosa juzgada. Así, la función que ejerce el árbitro es jurisdiccional, tesis que es acogida mayoritariamente por la doctrina y jurisprudencia venezolana. Dentro de este orden de ideas, Carnelutti (1944, p. 216) sostiene que “la función que el árbitro ejerce es, por tanto, una función judicial, o más exactamente: la función jurisdiccional”.

Debe señalarse aquí, que la función de sentenciar es un acto de soberanía y, en palabras de Rengel (1995, p. 285), “es el acto jurisdiccional por excelencia”.

Grantias procesales en el arbitraje comercial

Los árbitros tienen la obligación de respetar los lapsos procesales y proceder siempre con la debida diligencia, garantizando a las partes la confidencialidad, ecuanimidad e imparcialidad, dentro del proceso.

Cuando existe un pacto arbitral, se entiende que los efectos del mismo son los de un contrato; de tal suerte, que se espera que el mismo se cumpla, sin ninguna incidencia que entorpezca su ejecución, tal como fue previsto en su nacimiento.

No obstante, cuando en ese pacto de “caballeros”, se presentan circunstancias conflictivas para su cumplimiento, empieza a desarrollarse el procedimiento de arbitraje. Pero en ocasiones, aunque se firma el convenio arbitral, para someter la resolución del conflicto a un árbitro, puede suceder que alguna de las partes se niegue a cumplir con el laudo.

Bajo estas circunstancias, se requiere la aplicación de la coercibilidad para dar cumplimiento a la decisión. Con respecto a la ejecución del laudo arbitral, la Ley de Arbitraje Comercial (1998), dispone en su artículo 31, lo siguiente: Artículo 31: Dictado el laudo el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros, y el mismo será de obligatorio cumplimiento.

Ya se ha dicho que el laudo tiene fuerza de cosa juzgada, pero los árbitros carecen del poder de coacción para ejecutarlo, cuando la parte, a quien corresponda cumplir con el mismo, se resista a hacerlo de manera voluntaria.

Antes de solicitar la ejecución del laudo, este “debe ser reconocido por los tribunales nacionales como vinculante e inapelable, porque es, precisamente esta declaratoria, la que permite su ejecución forzada, a falta de su cumplimiento voluntario (Barlona, 2005, p. 196).

Cuando el laudo no es de ejecución voluntaria, lo que es sometido al tribunal de jurisdicción ordinaria es, justamente, su ejecución. De ninguna manera, se someterá el laudo a una revisión, ni de fondo, ni de forma.

Una vez que el tribunal arbitral dicta el laudo y este no es objeto de recurso de nulidad, se espera que la ejecución del laudo sea voluntaria; tomando en consideración que, cuando nace una relación, en este caso, de tipo comercial, existe la plena disposición de que todo lo acordado llegue a feliz término, puesto que hay de por medio intereses económicos y ganancias evaluadas, en cuanto a su rendimiento y tiempo de recuperación de la inversión, lo que se traduce entre las partes en el deseo de que tal negociación se de según lo acordado.

Ahora bien, si algún aspecto se ve comprometido por incumplimiento, entonces, la parte que se ve afectada hace uso de aquel pacto arbitral que firmaron, o si simplemente no lo acordaron al principio de las negociaciones, pueden decidir en el momento resolver la controversia, por virtud de ese principio de la autonomía de la voluntad, a través del arbitraje comercial. Una vez que finaliza el procedimiento de arbitraje, la parte perdidosa pudiera sentirse inconforme con el laudo. Entonces, puede hacer uso del recurso de nulidad, para restaurar la legalidad.

Pero, cuando la situación es que hay reticencia para cumplir con el laudo, se hará necesario recordarle a esa parte, que en un principio sometió su libre voluntad al arbitraje comercial, por lo que su deber es dar cumplimiento a lo pactado, lo cual se manifiesta en la ejecución del laudo; aún cuando este recordatorio de su primaria decisión se lleve a cabo aplicando la coercibilidad, para dar por terminada la controversia. En este caso, será preciso acudir a la jurisdicción ordinaria, debido a que, como se ha mencionado, los árbitros carecen de poder de coerción.

Auxilio judicial ante el incumplimiento del laudo arbitral

El ordenamiento jurídico venezolano contempla que para que el laudo sea ejecutado, no se requiere que el mismo sea homologado por una autoridad jurisdiccional, pero cuando el perdidoso se niega a su cumplimiento voluntario, indefectiblemente habrá que acudir a lo que la doctrina llama auxilio judicial.

Así, se ha verificado que el arbitraje comercial, como medio alterno de resolución de conflictos, coadyuva al descongestionamiento de los tribunales ordinarios; asimismo, “los órganos públicos también auxilian la actividad procesal de los árbitros” (Henríquez, 2000, p. 63).

En este sentido, resulta evidente la alianza entre la justicia estatal y el arbitraje, puesto que ambos tienden a dar solución a las controversias que se suscitan entre las partes. De esta forma, en palabras de Caridad (2005b, p. 77), Si la colaboración del arbitraje puede consistir en ayudar al descongestionamiento de litigios que llegan al poder judicial, los jueces por su parte, deben prestar auxilio de su imperium para garantizar que se cumplan las decisiones que los árbitros dicten en el marco de su competencia.

Evidentemente, la función jurisdiccional corresponde al Estado, quien conoce y administra la justicia, decide sobre las controversias que le son sometidas, y puede ejecutar las decisiones de forma coercitiva. Dentro de esta perspectiva, el poder coercitivo de los jueces complementa a los árbitros en su limitación, pues estos últimos “poseen tan sólo autoridad, pero les falta potestad (poder efectivo) que es un atributo exclusivo de Estado” (Henríquez, 2000, p. 63).

Siguiendo a Caridad (2005a, p. 68), dentro del proceso arbitral, existe la necesidad de utilizar, como instrumento de apoyo, el auxilio de los tribunales ordinarios, que viene a ser un respaldo a la función encomendada al árbitro, que a simple vista pareciera una excesiva presencia de los órganos judiciales del Estado en la esfera privada del arbitraje; sin embargo, tal intervención con la Ley de Arbitraje Comercial se ha reducido a lo estrictamente necesario.

De manera que, si bien es cierto, el árbitro posee, dentro de sus atribuciones, el poder de decidir sobre su propia competencia, el poder de documentación y el poder de decisión, y que la misma obtenga un carácter de cosa juzgada, al igual que una sentencia dictada por un juez ordinario; en la práctica, hay una evidente limitación en esa jurisdiccionalidad de la cual es revestido el árbitro, lo cual impide que el arbitraje comercial sea efectivamente exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria.

Si los árbitros poseyeran el poder de coerción, no habría la necesidad de solicitar, en este punto, el auxilio judicial. No obstante, en Venezuela no se tienen las bases legales para que los árbitros puedan ejecutar laudos, porque, como se ha dicho reiteradamente, esta función, hasta ahora, se la ha reservado el Estado.

Autores como Haro (1999), opinan que si se les otorga a los árbitros la potestad de ejercer la tutela coactiva o ejecutiva de los derechos, se estaría de vuelta a la prehistoria.

Tal afirmación es absolutamente radical, debatible e inconsistente, máxime cuando el Estado venezolano moderno, a partir de 1999, ha venido desarrollando una visión política gubernamental con bases constitucionales, mediante la cual delega algunas de las funciones que ejercía, en el pleno desarrollo de su soberanía. Muestra de ello es la incorporación de los medios alternos de resolución de conflictos al sistema de justicia.

Aplicación de la alternativa no judicial para la ejecución del laudo arbitral

Una de las principales dificultades que se manifiestan dentro del arbitraje comercial es, precisamente, la ejecución del laudo, ante el incumplimiento de quien haya resultado perdidoso; en el sentido de que, si en primer término, el propósito del arbitraje comercial, como medio alterno de resolución de conflictos, es esencialmente contribuir al descongestionamiento de los tribunales ordinarios, resulta incoherente que se deba recurrir a éstos últimos para solicitar la ejecución del laudo.

Definitivamente, los tribunales ordinarios podrían tener mayor capacidad de respuesta expedita, si se dedicaran únicamente a aquellas causas en las que verdaderamente sólo su competencia sería capaz de resolver la controversia.

Dentro de esta perspectiva, según Mezgravis (2001, p. 132), La sobrecarga de procesos que tienen los tribunales, se traducen en demoras en la administración de Justicia, demoras que hacen reclamar desesperadamente mayores recursos humanos, técnicos y de infraestructura, lo cual en sí genera un problema presupuestario, que al no ser satisfecho, atenta contra la celeridad y calidad del servicio, todo lo cual a su vez, degenera en un problema mayor: el de la corrupción.

Por otra parte, es preciso señalar, que el legislador plasmó en el espíritu y propósito de la Ley de Arbitraje Comercial (1998), esa necesaria intervención o auxilio del Poder Judicial, porque resulta claro, que al no tener el árbitro poder de coerción o imperio para ejecutar el laudo, indefectiblemente se tendrá que recurrir al juez.

Ahora bien, no puede menospreciarse o desestimarse la relevancia de la función estatal y con ésto pensar que los tribunales ordinarios pueden ser relegados, porque ciertamente dicha jurisdicción cumple una labor exclusiva, mediante la cual pretende conocer y resolver conflictos sobre materias de orden público o cuestiones relacionadas con la capacidad de las personas, por lo que tales materias no pueden ser sometidas a arbitraje comercial.

En concordancia con Celedón (2005, p. 63), “simplemente no podemos manifestar que los métodos de resolución pacifica deben sustituir al proceso judicial debido a que ellos basan su existencia en la función desplegada por los órganos jurisdiccionales dentro del territorio nacional”.

No obstante, resulta evidente la necesaria alianza o interconexión entre la función arbitral y judicial, pues se trata de una relación simbiótica (Pérez-Rosas, 2006), es decir, ambas deben trabajar en sociedad. Uno de los aspectos que influyen en el desencanto que invade la credibilidad del arbitraje, es esta alianza entre la justicia arbitral y la justicia judicial, en virtud de que al firmar un convenio de arbitraje en una negociación, lo que se pretende es, justamente, sustraerse de la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, en relación a la potestad del árbitro, Hung (2001, p. 343) señala que se trata de un “poder –incompleto por cuanto le falta el poder de coacción– emana de la propia ley que admite y regula la Institución arbitral y le confiere a sus decisiones (cuando quedan firmes), carácter de cosa juzgada y ejecutoriedad”.

El legislador venezolano estableció, en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la ejecución de sentencias, que: Artículo 523: La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.

Si fuere un Tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al Tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado al arbitramento.

En este sentido, Caridad (2005b, p. 87) afirma que, Para el ordenamiento jurídico venezolano, el laudo arbitral debe ser reconocido y cumplido como si se tratara de una sentencia judicial, careciendo el tribunal arbitral de atribuciones para hacer cumplir coactivamente su propio laudo; en consecuencia, en caso de que la parte vencida no cumpla voluntariamente el laudo, el vencedor debe solicitar la ejecución forzosa del laudo arbitral del tribunal judicial de primera instancia que hubiere sido competente para conocer de la controversia sometida a arbitraje, conforme lo prevé el Artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.

Es importante dejar claro que, el laudo arbitral, para ser ejecutado, no requiere de la homologación por parte del órgano jurisdiccional ordinario, pues éste sólo procederá a ejecutarlo. Dicho de otro modo, En el ordenamiento jurídico venezolano el laudo arbitral no requiere –para su ejecución– de la homologación de la autoridad judicial estatal; no obstante que, necesariamente, debe ser ejecutado por dicha autoridad cuando el vencido no cumpla voluntariamente lo decidido por los árbitros (Hung, 2001, p. 321).

Si bien, los árbitros poseen una investidura jurisdiccional, delegada a ellos para conocer y resolver el conflicto, debe reconocerse que su autoridad se ve limitada, por cuanto no poseen el ejercicio del poder de coerción y ejecución, los cuales detentan los jueces ordinarios, como reflejo de la autoridad pública que representan.

Dentro de este marco, tomando en cuenta que la tendencia moderna se inclina a lograr que el Sistema de Administración de Justicia llegue a todos los ciudadanos y que el acceso a la justicia es un derecho constitucional, adquiere una relevancia cada vez mayor el desarrollo de los medios alternos de resolución de conflictos en nuestra sociedad, por lo que es fundamental que los mismos gocen de credibilidad y difusión, para que se tenga una más efectiva tutela de los derechos e intereses y los ciudadanos obtengan una pronta decisión en sus conflictos particulares.

Este es el fin del arbitraje, pero ciertamente el árbitro, al no contar con los poderes de coerción y ejecución, contribuye muchas veces a la ineficiencia del mismo sistema, o como lo expresa Pérez-Rosas (2006), lo hace inoperante.

Ahora bien, respecto del laudo, es importante resaltar, como ya se dijo, que es de obligatorio cumplimiento para las partes, una vez que sean notificadas, tal como lo prevé el artículo 31 de la Ley de Arbitraje Comercial (1998). Artículo 31: Dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros, y el mismo será de obligatorio cumplimiento.

De esta forma, siguiendo a Sarmiento (1999) y a Caridad (2005b), la obligatoriedad del laudo permite que, ante el incumplimiento por sedición de una o ambas partes, el mismo sea acatado en función de la fuerza ejecutiva que posee.

Sin duda, una vez que las partes firman un convenio arbitral, es porque están de acuerdo en someter a la decisión de un árbitro la solución de un posible conflicto. De manera que, en caso de presentarse una situación problemática, las partes están obligadas a cumplir la medida, pues de esa forma estarían honrando el compromiso arbitral, lo cual no se contrapone con la posibilidad de interponer un recurso de nulidad, si existen las causales legales necesarias.

El laudo cobrará plena eficacia de obligatoriedad, una vez que transcurran quince (15) días hábiles, contados a partir de su expedición. Durante este lapso, el tribunal podrá hacer ajustes al laudo, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de Arbitraje Comercial (1998). Artículo 32: El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal arbitral de oficio o solicitud presentada por una de las partes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del mismo.

En este sentido, Caridad (2005b, p. 87) opina que, luego de transcurrir esos quince (15) días hábiles, “se produce cosa juzgada (Artículo 21 de la Ley de Arbitraje Comercial) con todos sus efectos, sin perjuicio de que pueda ser impugnado mediante el recurso de nulidad contemplado en la ley”.

Ejecución forzosa del laudo por los árbitros

Ya se ha explicado la imposibilidad que existe en la actualidad para que los árbitros ejecuten los laudos, en virtud de que, aunque el arbitraje forma parte del Sistema de Justicia Venezolano, el Estado se ha reservado para sí, la exclusividad de ejercer la facultad de coercibilidad; además, ésta limitación de los poderes del árbitro se manifiesta, sin lugar a dudas, en la propia ley.

Dentro de este orden de ideas, se plantea la posibilidad de considerar ciertos criterios que pudieran incorporarse al convenio arbitral firmado por las partes, donde se prevea garantías para asegurar el cumplimiento del laudo, con el propósito de frenar la intervención de la jurisdicción ordinaria.

Estas garantías podrían consistir en otorgar al árbitro, dentro de esa jurisdicción transitoria de la cual goza, una vez que es elegido, facultades especiales, que le permitan ejecutar el laudo y llevar adelante acciones, para conseguir que la parte obligada cumpla con el mismo. Lo que se pretende con esto es, simplemente, dar al tribunal arbitral la primicia para poder ejecutar su propia decisión, en el caso de que el vencido se niegue a cumplir.

En tal sentido, Montoya (1999, p. 110) sostiene que, corresponderá en primer lugar la ejecución del laudo, en rebeldía del obligado, a los propios árbitros (…) con las facultades que ellos les (…) hubiesen otorgado en el convenio, y sólo en su defecto se recurrirá al Juez (…) para su ejecución forzosa.

Dentro de esta perspectiva, si al árbitro se le faculta para ejecutar el laudo, deben considerarse ciertas circunstancias; por ejemplo, una vez que el procedimiento arbitral culmine con la promulgación del laudo, que éste sea notificado a las partes, que transcurran quince (15) días hábiles (y en ese lapso no se produzcan solicitudes de las partes, para que el laudo sea modificado, como se establece el artículo 32 de la Ley de Arbitraje Comercial); y si además, no se ha interpuesto un recurso de nulidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija (aclare o complemente, conforme los dispone el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial); entonces, sólo así, puede el árbitro proceder, en virtud de esas facultades anteriormente previstas en el acuerdo arbitral.

Es importante dejar claro, que la alternativa planteada respeta el procedimiento y todas las garantías procesales para las partes, lo cual permite mantener el derecho a la defensa y la igualdad procesal, asegurando así, que no será alterado ningún lapso procesal, ni tampoco se estará impidiendo la interposición del recurso de nulidad contra el laudo arbitral.

Facultades necesarias para que los árbitros ejecuten el laudo

A fin de que los árbitros ejecuten el laudo, la delegación de las facultades de coerción y ejecución, debe estar respaldada por la ley; por lo que, en futuras reformas, criterios como éstos deberían ser considerados, para que el Arbitraje Comercial tenga mayor credibilidad. Visto de esta forma, el árbitro es revestido –transitoriamente– de poderes, entre los cuales se le otorga la potestad de pronunciarse sobre su propia competencia, el poder de documentación y el poder de decisión para resolver el conflicto de naturaleza comercial, mercantil o industrial, que fue sometido a su consideración. Decisión que tiene carácter de cosa juzgada, con la misma fuerza que una sentencia.

Además, una vez que las partes resuelven someterse al arbitraje, delegan, con toda confianza, la facultad de solución a un tercero, el cual es un profesional especializado, con una moral intachable; en cuya experiencia posee conocimientos jurídicos para el caso en particular. Esto hace que el arbitraje sea más especializado y, como consecuencia directa, asegura a las partes, que los árbitros tengan un necesario nivel de competencia, calificaciones técnicas y comerciales, para asumir la solución de la controversia.

Hay, en este sentido, una evidente ventaja, por encima de los beneficios que ofrece la vía judicial ordinaria, puesto que el árbitro, al ser especialista en el caso concreto, economiza tiempo en la familiarización con los detalles del mismo. De esta forma, nada obsta para el otorgamiento del poder de coerción y de ejecución, en las circunstancias y bajo las condiciones que se han expuesto, resultando factible que el tribunal arbitral tenga la primera opción de ejecución del laudo.

Ahora bien, cuando contra el laudo, emitido por el tribunal arbitral, se ejerce el recurso de nulidad y posteriormente que el mismo es resuelto, persiste la negativa de cumplir con el laudo dictado, será entonces el tribunal ordinario, el competente para decretar el cumplimiento voluntario, y una vez vencido el lapso correspondiente, podrá dicho tribunal comenzar la ejecución forzosa, según lo dispone el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, Artículo 524: Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución.

En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia.

De esta manera, en un escenario de renuencia categórica del obligado, corresponderá al tribunal ordinario desplegar su carácter de autoridad pública y así ejercer fuerza, como medio de presión, para hacer valer y cumplir las órdenes dictadas por los árbitros o las resultas del recurso de nulidad.

Conclusiones

En virtud de que el arbitraje tiene entre sus fines el descongestionamiento de los tribunales ordinarios, lo cual redundaría en una mayor capacidad de respuesta, sobre aquellas causas en las que verdaderamente sólo su competencia podría resolver la litis planteada, resulta ilógico que se tenga que recurrir a ellos, para solicitar la ejecución del laudo arbitral.

Visto de esta forma, no se desestima en forma alguna la relevancia de la función estatal, ni se propone que los tribunales ordinarios sean relegados; pero ciertamente, uno de los aspectos que influye en el desencanto que invade la credibilidad del arbitraje, es precisamente esa intervención. La alternativa se centra entonces, en otorgar a los árbitros, en forma transitoria, además de los poderes que detentan, las potestades de coerción y ejecución. De esta forma, como el laudo posee fuerza ejecutiva, el árbitro sólo tendría que proceder a ejecutar.

En atención a lo planteado, se considerarían circunstancias muy concretas, para que el árbitro posea la facultad de ejecutar el laudo. Por ejemplo, el árbitro sólo podrá proceder a la ejecución, siempre y cuando esa atribución sea prevista por las partes en el acuerdo arbitral, una vez que el laudo quede firme, y cuando además, no se haya interpuesto el recurso de nulidad.

Se pretende así, que el tribunal arbitral tenga la primera opción para la ejecución del laudo; claro está que, para lograr esto, se requiere de un marco legal que soporte tal delegación de las potestades de coerción y ejecución.

Recomendaciones

En futuras reformas a la Ley de Arbitraje Comercial, debe considerarse el desarrollo de un articulado que proporcione el suficiente soporte jurídico, para que sean otorgados a los árbitros, en forma transitoria, los poderes de coerción y ejecución.

Es decir, que esa labor jurisdiccional del Estado, de ejecutar el laudo, sea cedida provisionalmente, a fin de que la jurisdicción arbitral ejecute su propia decisión, con lo cual el arbitraje comercial obtendrá mayor credibilidad.

Referencias bibliográficas

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